El acumulado estatal asciende a 7,485 personas desaparecidas, el quinto registro más alto del país. La impunidad en este delito alcanza 99.5 por ciento.

Los colectivos han detectado al menos 10 campos de exterminio en el estado; en el predio conocido como “El Tubo”, en Hidalgo, Nuevo León, se han recuperado más de 10,000 restos humanos.

El contraste presupuestal explica las prioridades: el presupuesto estatal 2026 asigna 1,072 millones de pesos a la comunicación social del gobernador y 351.5 millones a la atención a víctimas y la búsqueda de desaparecidos. La imagen cuesta el triple que la búsqueda.

El gobierno estatal presume una “seguridad histórica”. La cruda realidad es que, mientras el discurso celebra, tres familias por día comienzan una búsqueda, y dos de cada tres no encuentran a quien buscan.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada mantiene observaciones activas sobre el caso mexicano, con Nuevo León entre los focos señalados.

LOS DATOS. El registro oficial del Secretariado Ejecutivo (SESNSP) muestra que la incidencia delictiva en Nuevo León se redujo 17 por ciento en 2025. No 83.

Y la tendencia ya se revirtió: entre enero y junio de 2026 se denunciaron 38,889 delitos, un aumento de 3.8 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

El caso de la extorsión es el más incómodo para el discurso oficial: tras el año récord de 2025 (879 casos), 2026 corre aún más rápido, con 80 casos mensuales en promedio, presencia en 30 municipios y cuarto lugar nacional en víctimas. Según CAINTRA, 54 por ciento de los transportistas ha sido extorsionado, y 42 por ciento señala a autoridades estatales.

En homicidios, la baja que se presume se mide contra 2024, el año más violento del propio sexenio (1,539 víctimas): bajar desde el pico que tu administración generó no es un mérito, es un regreso al punto de partida, y la reducción es proporcional a la tendencia nacional.

EL VEREDICTO. Engañoso. La cruda realidad es que la reducción real documentada es de 17 por ciento —cinco veces menor a la presumida—, la incidencia de 2026 va al alza y el delito que más golpea la economía diaria, la extorsión, está en su peor momento histórico.

La Secretaría de Economía federal lleva otra contabilidad. Entre 2022 y 2025, la inversión extranjera directa registrada para Nuevo León suma 14,957 millones de dólares. Una octava parte de lo presumido.

La diferencia tiene explicación oficial: los “420 proyectos” incluyen anuncios e intenciones, no capital registrado. El propio encargado de Economía estatal admitió la brecha y la atribuyó a “criterios contables”. Criterios contables: así se le llama ahora a contar como inversión lo que apenas fue un comunicado de prensa.

El repaso de los anuncios estrella es elocuente. Tesla, la joya de la corona que justificó carreteras y reuniones con Elon Musk: congelada desde julio de 2024, con el Model 2 cancelado y el terreno vacío. Nvidia: anunciada por el gobernador y desmentida por la propia empresa el mismo día. Foxconn: la planta terminó construyéndose en Jalisco.

La cruda realidad es que el modelo económico del sexenio funciona espléndidamente en un solo mercado: el de la atención. Ahí sí, Nuevo León es líder indiscutible en captación.

El saldo: dos trabajadores muertos —un obrero en San Nicolás en enero y Édgar Juárez en Apodaca en mayo— y al menos seis heridos, entre ellos los cuatro del colapso de una cimbra en la estación Obispado, donde la seguridad privada inicialmente impidió el paso a los rescatistas.

El recuento incluye columnas dobladas o desplomadas, el incendio de una grúa de 220 toneladas, estructuras que cayeron sobre vehículos en circulación y la explosión de un transformador que dejó sin luz la Terminal A del aeropuerto.

La CEDH estatal abrió una queja de oficio por las obras desde mayo de 2025.

El discurso oficial insiste en que se trata de “incidentes menores” de una obra en marcha. La cruda realidad es que el metro en operación tampoco se salva: en mayo, pasajeros de la Línea 1 fueron desalojados caminando entre las vías, y en junio una nueva falla suspendió el servicio en plena hora pico.

El gobierno presume 3,011 unidades nuevas de las 4 mil prometidas. Pero la cruda realidad la viven los usuarios todos los días: el traslado promedio en transporte público en la zona metropolitana es de 2 horas 21 minutos diarios, contra poco más de una hora de quien se mueve en automóvil. En García y Juárez, el viaje diario llega a casi 3 horas.

No es percepción: la evaluación del Centro Mario Molina colocó al transporte de Nuevo León como el segundo peor del país entre 21 ciudades, con 32.83 puntos sobre 100.

Según la encuesta Así Vamos, casi la mitad de los usuarios pasa 3 horas o más al día arriba del camión. Y solo 43 por ciento considera que las rutas son suficientes: uno de cada diez ni siquiera usa el transporte porque no llega a donde necesita.

El Metro, la columna vertebral del sistema, cubre apenas 40 kilómetros en 4 de los 13 municipios metropolitanos.

Camiones nuevos sí hay. Lo que no hay es tiempo: el que el usuario pierde cada día esperando.

La cruda realidad se mide en días: en 2024 hubo 227 días con partículas PM10 por encima de la norma —el 75 por ciento del año— y en 2025, el “año histórico” que celebra el gobierno, todavía fueron 190 días: más de la mitad del año respirando aire fuera de norma, según el análisis del Comité Ecológico Integral con datos oficiales del SIMA.

El promedio anual de PM10 en 2025 fue de 49 microgramos por metro cúbico: casi el doble del límite legal de 28 que marca la NOM-025.

Ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre aumentaron en 2025. Y 2026 arrancó peor: los días contaminados crecieron 325 por ciento entre enero y febrero.

Mientras tanto, a fines de 2025 la Secretaría de Medio Ambiente eliminó el sistema de alertas ambientales —lo sustituyó por “pronósticos”— y la aplicación oficial de monitoreo no funciona desde octubre.

El costo no es abstracto: la propia Secretaría reconoce 2,500 muertes prematuras al año asociadas a la contaminación, Nuevo León está entre los cinco estados con más muertes vinculadas al aire sucio y tiene cinco ciudades entre las más contaminadas del país.

El discurso oficial habla del “mejor sistema de salud del país”. La cruda realidad la describió el propio Congreso del Estado en julio, cuando tuvo que exhortar a la Secretaría de Salud a atender el desabasto de medicamentos en los hospitales de Nuevo León: mientras las autoridades presumen un abasto superior al 90 por ciento, los pacientes reportan recetas surtidas a medias y terminan comprando sus medicinas de su propia bolsa.

El dato que mejor mide el deterioro es una enfermedad que se cura con tratamiento oportuno: la tuberculosis. Nuevo León acumula más de 2,761 casos confirmados entre 2025 y la semana 27 de 2026 —1,829 el año pasado y ya 932 en apenas medio año—, es tercer lugar nacional y llegó a encabezar los casos nuevos del país en enero.

Un estudio genómico de la UANL detectó un foco de transmisión activa en la franja Juárez–Guadalupe, con dispersión hacia Monterrey, Escobedo y Montemorelos. No son casos arrastrados: la enfermedad se está contagiando hoy.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó además 56 casos en los penales del estado y habló de “muertes prevenibles” (recomendación 12VG/2026).

Nuevo León mantiene un modelo de salud propio, no federalizado. Las farmacias vacías y las esperas de 12 horas no se pueden facturar a otro gobierno: son responsabilidad directa de la administración estatal.

La promesa oficial era otra: el monorriel funcionando para el Mundial. La cruda realidad del arranque mundialista fue que solo 11 kilómetros —cerca del 30 por ciento del trazo— operaron en modalidad demostrativa, sin acceso al público.

Diputados de PAN, PRI y Morena atribuyen el encarecimiento a que la obra arrancó sin proyecto ejecutivo. Para 2026, el Estado solicitó 11 mil millones de pesos adicionales.

La Línea 5, que completaría la red, fue cancelada desde noviembre de 2024.

Mientras tanto, el costo por kilómetro sigue subiendo y el sistema en operación acumuló fallas en la Línea 1 durante mayo y junio, con suspensiones del servicio en hora pico en el tramo Edison–Talleres.

¿El secreto de su éxito? No fue el mercado. Al menos 81 por ciento de sus ingresos proviene de presupuestos de políticos de Movimiento Ciudadano en Nuevo León: siete contratos estatales por hasta 145.5 millones de pesos, todos por adjudicación directa. Ni una licitación.

El gobernador presume que su comunicación “informa a la gente”. La cruda realidad es que la pauta que paga el erario termina promoviendo a las personas, no a las instituciones: de los creativos pautados en Google por el anunciante ligado a NAUKA entre enero y abril de 2026, el 52 por ciento se destinó al canal personal de Samuel García y solo 4 por ciento al canal institucional del Gobierno que firma los contratos.

En Meta la historia se repite: los perfiles personales de Mariana Rodríguez (8.82 millones de pesos), Samuel García (4.63) y Mike Flores (4.34) gastaron entre enero y junio mucho más que la página institucional del Gobierno (2.46) y que el propio partido (0.45).

Y por si el circuito no cerrara: el despacho jurídico de Samuel García y su padre pagó a NAUKA alrededor de 81.6 millones de pesos entre octubre de 2024 y febrero de 2026 para pauta nacional. Rumbo a 2030, el proveedor de la casa trabaja para la marca personal, con oficina en el presupuesto público.

La cruda realidad es otra: del Tramo 1, en Montemorelos, solo 2.5 de sus 15 kilómetros están pavimentados, apenas el 17 por ciento.

Y hay más: el Tramo 2, el de Rayones, ni siquiera ha comenzado. El propio gobierno estatal reconoció que las obras arrancarían hasta octubre y quedarían listas en 2029, tres años después de lo prometido.

En el Tramo 3, hacia Galeana, los trabajos son mínimos, y en abril el INAH frenó parte de la obra por un hallazgo arqueológico.

La carretera completa, unos 90 kilómetros que conectarían a la región citrícola con el sur del estado, quedará —según el propio Estado— hasta 2028 o 2029. Es decir: la obra que se vendió como símbolo de conectividad no estará lista en este sexenio.